Por Romina Boarini, Directora del Centro para el Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades de la OCDE y Ragnheiður Elín Árnadóttir, Directora del Centro de Desarrollo de la OCDE
La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado un aumento considerable del bienestar en las últimas dos décadas, según el nuevo informe ¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas, elaborado por el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE. Los once países estudiados en el informe – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay – han experimentado muchas mejoras en la calidad de vida desde principios de la década de 2000, como el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil y materna y un mejor acceso al agua potable. El número de personas en situación de pobreza absoluta (es decir, aquellas cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer necesidades básicas como la alimentación o la vivienda) ha disminuido – de 1 de cada 3 en 2006 a 1 de cada 5 en 2019 – y la proporción de la población con educación secundaria superior ha aumentado del 34% al 46%.
Sin embargo, estos avances en los resultados de bienestar solo cuentan una parte de la historia. El ritmo de progreso se ha ralentizado desde mediados de la década de 2010. La percepción de los ciudadanos sobre su nivel de vida se ha deteriorado, al igual que su confianza en el gobierno y su apoyo a la democracia. La proporción de trabajadores en empleo informal se ha mantenido alta (en el 57%), mientras que las disparidades en el bienestar han persistido entre los grupos de población.
De hecho, según la edad, el sexo, la etnia, la educación o el lugar de residencia, los ciudadanos disfrutan de niveles de bienestar muy diferentes. Por ejemplo, aunque las mujeres de los once países están mejor formadas y viven más tiempo que los hombres, experimentan resultados mucho peores en el mercado laboral y tienen menos representación cívica y política. Los adultos jóvenes experimentan mayores tasas de pobreza y desempleo que sus homólogos de más edad, y tienen menos confianza en la policía. También existen profundas diferencias entre las zonas urbanas y rurales en cuanto a las condiciones de vivienda y los índices de pobreza. En estos once países, sólo alrededor de dos tercios de la población rural tiene acceso a servicios de agua potable o a instalaciones sanitarias higiénicas en promedio, frente al 96% y el 93% de la población urbana, respectivamente.
Nuestros resultados también muestran que existe una gran diversidad de experiencias entre los países en cuanto a los resultados de bienestar. Por ejemplo, si bien las tasas de homicidio disminuyeron en promedio en los 11 países analizados entre 2000 y 2018, las tendencias nacionales variaron ampliamente, ya que los homicidios se redujeron a más de la mitad en Colombia y se triplicaron en México durante el mismo período.
Las oportunidades para vivir mejor no se distribuyen por igual entre las zonas urbanas y rurales en el grupo de países estudiados.
En la actualidad, la pandemia del COVID-19 amenaza con exacerbar algunos de los retos existentes. Las malas condiciones de vivienda han dificultado la lucha contra el virus y las oportunidades de aprendizaje, trabajo y telemedicina a distancia han sido escasas para quienes se encuentran en el lado equivocado de la brecha digital. Las fuertes caídas en la satisfacción con la vida y las conexiones sociales – especialmente para los más vulnerables – ponen de manifiesto el costo humano de la crisis y la necesidad de elaborar planes de recuperación a través del lente del bienestar centrado en las personas.
Pero, ¿cómo es un enfoque de bienestar en las políticas? Para fomentar el bienestar inclusivo y sostenible junto con el crecimiento económico, los países de ALC deben anclar las prioridades de bienestar en sus operaciones gubernamentales a largo plazo. Esto comienza con el desarrollo de una mejor comprensión de las desigualdades en las diferentes dimensiones de la vida de las personas, la armonización de la recopilación de datos entre y dentro de los países y el fortalecimiento de la medición de las experiencias de bienestar subjetivas. No basta con producir más y mejores estadísticas: también es necesaria la innovación institucional, analítica y operativa en la forma en que los gobiernos abordan la elaboración de políticas. Un ejemplo de esta innovación sería establecer una lista prioritaria de indicadores principales que vayan más allá del PIB – que abarquen las condiciones materiales, la calidad de vida, los recursos para la sostenibilidad y las desigualdades entre los grupos de población y los territorios- y que puedan servir de base para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas.
Muchos países de la región están muy avanzados en la adopción de un enfoque multidimensional centrado en las personas para la medición y la política, a través de sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o a través de los Planes Nacionales de Desarrollo centrados en cuestiones sociales, medioambientales y de inclusión, así como en el crecimiento económico. Sin embargo, (al igual que en otras regiones) se requieren vínculos más fuertes entre la visión establecida en las estrategias nacionales y su aplicación real a través de la asignación presupuestaria, el desarrollo de políticas y la focalización.
En última instancia, los retos a los que se enfrenta la región de ALC – como la creciente desconexión entre los gobiernos y los ciudadanos, las persistentes desigualdades entre grupos de población y territorios, las amenazas actuales y a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, y la mejora de la situación tras la pandemia – requieren respuestas de todo el gobierno centradas en mejorar el bienestar de las personas de forma equitativa y sostenible. Para hacer frente a estos retos también será necesario reforzar la cooperación regional y tener una idea compartida de las prioridades políticas. El uso de un marco común para identificar las fortalezas y debilidades relativas puede ayudar a apoyar asociaciones internacionales más eficaces para implementar mejores políticas para una vida mejor en toda América Latina.