América Latina y el Caribe en tiempos del COVID-19: no descuidar a los más vulnerables

Por Federico Bonaglia, Director Adjunto, Centro de Desarrollo de la OCDE, y Sebastián Nieto Parra, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe, Centro de Desarrollo de la OCDE.


Este artículo es parte de una serie sobre cómo abordar COVID-19 en los países en desarrollo. Visite la página específica de la OCDE para acceder a los datos, análisis y recomendaciones de la OCDE sobre los impactos sanitarios, económicos, financieros y sociales del COVID-19 en todo el mundo.


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Las medidas de contención necesarias contra el COVID-19 han generado una crisis económica mundial sin precedentes, combinando choques por el lado de la oferta y de la demanda. Ahora, la pandemia está afectando a América Latina y el Caribe y los países se están preparando para el efecto multiplicador que tendrá en la región. Tan solo unos meses antes, a finales de 2019, muchos países de la región tuvieron una ola de protestas masivas impulsadas por un profundo descontento social, aspiraciones frustradas, vulnerabilidad persistente y creciente pobreza. Esta crisis exacerbará estos problemas.

Más allá de la magnitud del impacto en los sistemas de salud que ya son débiles (unos 125 millones de personas aún carecen de acceso a los servicios básicos de salud), el abrumador impacto socioeconómico de la crisis podría recaer desproporcionadamente en los hogares vulnerables y pobres si no se implementan respuestas ambiciosas de política.

Primero, la recesión podría ser desastrosa en una región que terminó 2019 sin prácticamente crecimiento económico. La fuerte disminución de la demanda mundial está afectando a las exportaciones, con un deterioro de los términos de intercambio para varios países. Si bien el colapso de los precios del petróleo puede ser un alivio para las economías centroamericanas importadoras de petróleo, afectará las cuentas fiscales y externas de varios países sudamericanos, así como de México y Trinidad y Tobago. Chile y Perú sufrirán de la caída de los precios del cobre.

Por el lado de la oferta, la actividad se ha detenido debido a las medidas de contención, pero también a las interrupciones en las cadenas de valor mundiales y las importaciones de insumos intermedios, que afectan particularmente a Brasil y México. La disminución del turismo, el comercio o el transporte será abrupta y afectará significativamente a las economías más pequeñas y menos diversificadas, incluidas las de muchos países del Caribe. La economía mundial del turismo podría reducirse entre 45-70% en 2020.

La creciente volatilidad internacional y la incertidumbre también están influyendo. Las salidas de flujos financieros han causado una depreciación de las monedas y reducido el valor de los activos financieros en los mercados de deuda y de acciones. Las estimaciones de la UNCTAD sugieren que la inversión extranjera directa (IED) podría disminuir globalmente en un 30-40% en 2020-21.

En segundo lugar, la recesión podría causar estragos en medio del deterioro de las condiciones sociales. Muchas empresas podrían ir a la bancarrota, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 99% de las empresas y el 60% del empleo formal en la región. La pérdida de empleo podría ser colosal, perjudicando a la clase media vulnerable (personas que viven con USD 5.5-13 por día en los precios de PPA de 2011) que representan el 37% de la población. Estos ciudadanos ya están atrapados en una trampa de vulnerabilidad social que reduce la resiliencia: un círculo vicioso de trabajos informales, con poca o ninguna protección social y con ahorros bajos y volátiles.

Casi dos tercios de los trabajadores en la región son informales y la mayoría de ellos no tienen una red de seguridad para enfrentar un revés económico. Muchos son trabajadores por cuenta propia, trabajan en la economía de subsistencia, viven día a día y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza. Si bien los principales programas de asistencia social cubren a la mayoría de los hogares pobres, solo llegan al 40% de los hogares vulnerables. Además, el 61% de los trabajadores informales vulnerables no se benefician de ninguna forma de protección social y no pueden mitigar riesgos como la cuarentena o el aumento del gasto en atención médica. Aquí radica uno de los principales desafíos de esta crisis para la región: evitar una expansión generalizada de la pobreza, que ya afecta al 25% de la población. Las estimaciones de la CEPAL proyectan que la pobreza en América Latina podría pasar de 185 millones a 220 millones de personas en 2020.

Políticas innovadoras para contener el impacto de la crisis en los más vulnerables

Los países de América Latina y el Caribe están brindando respuestas de políticas que apoyan a las personas, los hogares y las empresas más vulnerables, incluidos los migrantes internos. Varios gobiernos han anunciado medidas monetarias y fiscales. Por ejemplo, los bancos centrales de Brasil, Colombia, México y Perú han reducido las tasas de interés o han adoptado medidas de liquidez para mantener la demanda interna y facilitar los negocios. Sin embargo, el pass-through del tipo de cambio a la inflación hace que estas políticas sean temporales y limitadas. Países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú han anunciado la expansión temporal de algunos de sus programas de transferencias tradicionales, y transferencias adicionales para llegar a personas vulnerables no cubiertas por los programas existentes. Algunos intermediarios financieros posponen los pagos de crédito para las empresas y hogares más vulnerables. Para ayudar a los flujos de caja de empresas y hogares, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Paraguay y Perú han anunciado la reducción diferida o temporal de ciertos pagos de impuestos, así como cancelaciones de pagos temporales para servicios públicos seleccionados o la suspensión de las cotizaciones a la seguridad social.

Resulta fundamental evaluar constantemente la implementación y efectividad de estas medidas y reajustarlas si es necesario, especialmente aquellas dirigidas a la población más pobre y vulnerable. Desde mediados de marzo de 2020, la mayoría de los países se alejaron de la asistencia específica a transferencias de efectivo y en especie más universales, luego de evaluar que sus herramientas y programas existentes no eran suficientes para llegar a la población vulnerable en general. En el futuro, los gobiernos deben aprovechar este impulso para diseñar e invertir en sistemas de protección social más inclusivos, ampliando la cobertura a los trabajadores informales y protegiéndolos de futuros choques socioeconómicos. Invertir en protección social es invertir en un crecimiento inclusivo.

Reformar y reconstruir el pacto social para garantizar una recuperación sostenible a largo plazo

Las protestas masivas de 2019 revelaron la necesidad de reconstruir el pacto social y la confianza pública. Sin embargo, el capital político para abordar estos desafíos era bajo. En contraste con la crisis financiera de 2008, la crisis actual puede presentar una oportunidad para crear consenso entre los ciudadanos en torno a las principales reformas pendientes y recuperar valores comunes, como la solidaridad intergeneracional y la responsabilidad social, un antídoto fuerte contra el virus invisible que es populismo. Con este fin, las estrategias nacionales claras, que involucren las voces de todos los actores relevantes, deben tener en cuenta cómo la crisis del Coronavirus está exacerbando las trampas de desarrollo existentes.

Esta crisis pone de relieve la necesidad de más financiación para los servicios públicos, en particular la asistencia sanitaria. De 2006 a 2018, la proporción de la población de América Latina y el Caribe satisfecha con la calidad de los servicios de salud cayó del 57% al 42%, muy por debajo de la OCDE (70%). Esta disminución es una manifestación de la trampa institucional: a pesar de los esfuerzos por mejorar los servicios públicos, las instituciones públicas no responden a las demandas de los ciudadanos, lo que profundiza la desconfianza y la insatisfacción. Los sistemas de impuestos y gastos deben reformarse para fortalecer las posiciones fiscales y fijar como objetivo de política a las personas. Respecto a el impuesto, las opciones incluyen el aumento del impuesto marginal directo a la renta personal, los impuestos a la propiedad, los impuestos relacionados con el medio ambiente y la eliminación de algunos gastos tributarios ineficientes. Estas medidas deberían contribuir a aumentar la progresividad y la recaudación de impuestos (situándose en el 23,1% del PIB frente al 34,3% del PIB en los países de la OCDE en 2018). En términos de gastos, los gobiernos deben apoyar un mínimo de ingresos a los más vulnerables, permitiéndoles planificar, enfrentar diferentes riesgos y favoreciendo la transición a la economía formal. También deberían fortalecer la inversión para promover a las MIPYMES sostenibles desde el punto de vista financiero y ambiental con una mejor inserción en las cadenas de valor locales y globales para superar la trampa de productividad regional.

Se necesita una acción global para enfrentar la crisis

Es urgente un enfoque internacional coordinado y coherente, que involucre a bancos multilaterales, actores bilaterales públicos y privados y organizaciones internacionales. “Necesitamos un nivel de ambición similar al del plan Marshall“, en el que América Latina y el Caribe deben tener voz. Necesitamos un paquete financiero excepcional para traducir las políticas en acciones, particularmente para los países que están entrando en la crisis del COVID-19 con discusiones internacionales en curso para la gestión de su deuda pública, como Argentina y Ecuador. Este es el momento de impulsar la cooperación internacional en la región, asociando las medidas financieras con mecanismos para compartir conocimientos, diálogos sobre políticas y transferencias tecnológicas, con el fin de estimular una recuperación duradera y sostenible y un sistema multilateral revitalizado.